Por: Rodrigo Naranjo Escovar

Durante la década de los noventa la economía venezolana fue afectada negativamente por tres grandes fenómenos: la inestabilidad política de 1992, la crisis financiera de 1994 y la importante caída de los precios del petróleo como consecuencia de la crisis asiática de 1997. A pesar del grave impacto que estos fenómenos tuvieron sobre la institucionalidad política, sobre el sistema financiero, y sobre las finanzas públicas, el interés hacia Venezuela por parte de financistas e inversionistas internacionales se mantuvo, en mayor o menor medida, durante la década de los noventa.

Dicho interés hacia Venezuela fue lo suficientemente significativo para justificar la presencia en Venezuela de la gran mayoría de los bancos de inversión, y de los bancos comerciales con fuertes departamentos de finanzas corporativas, más importantes del mundo para ese entonces.

Bancos de inversión “puros” como The First Boston Corporation, Salomon Brothers, Bankers Trust, y Merrill Lynch operaron en Venezuela en sociedad con banqueros de inversión locales, y llegaron a ser protagonistas en la mayoría de las transacciones más importantes de la década. En el caso de First Boston, el socio local fue la firma CNI Asesores Financieros; antecesora de Maximiza Casa de Bolsa. Otros bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Violy, Byorum & Partners, y DLJ, atendían a Venezuela desde sus oficinas en Nueva York, y eventualmente lideraron transacciones importantes en el país. Finalmente, J.P. Morgan y Lehman Brothers atendieron a clientes en Venezuela desde pequeñas oficinas propias en Caracas lideradas por funcionarios de esos bancos.

La gran mayoría de los bancos comerciales globales con departamentos de finanzas corporativas activos en América Latina tuvieron oficinas en Caracas durante la década. Bancos como Citibank, Chase Manhattan, Chemical, Manufacturers Hanover, Bank of America, Bank of Boston, BNP Paribas, Credit Lyonnais, Credit Agricole, Deutsche Bank, Dresdner Bank, UBS, y los muy agresivos holandeses ABN AMRO y ING, entre otros, mantuvieron o abrieron oficinas en Caracas durante los noventa.

Caracas fue sin lugar a duda, luego de Sao Paulo, Ciudad de México, y Buenos Aires, la ciudad latinoamericana con mayor presencia de grandes bancos internacionales interesados en negocios de finanzas corporativas y banca de inversión. La razón es muy sencilla: a pesar de la inestabilidad política y económica de la década, hubo suficientes oportunidades de negocios en el país para justificar su presencia, y las expectativas con respecto al futuro del país fueron lo suficientemente buenas para justificar el interés por parte de inversores internacionales de seguir apostando por Venezuela.

El volumen de actividad de banca de inversión en Venezuela durante la década de los noventa fue muy superior a la de todos los países andinos. Durante buena parte de la década, Caracas estuvo conectada con Nueva York, la capital financiera del hemisferio, con frecuencias diarias directas de hasta tres aerolíneas al mismo tiempo. Durante algunos años fue Viasa, Avensa y United quienes volaron a banqueros, inversionistas y abogados entre ambas ciudades. Luego entraron a cubrir la ruta Continental y American Airlines. Dicha conectividad, en esta ruta medular para la actividad de inversiones, fue sin duda superior a las que tenían para ese entonces ciudades como Bogotá, Lima o Santiago de Chile.

El repaso de las transacciones más significativas de la década debe comenzar por recordar que a pesar de la inestabilidad política evidente desde febrero 1989, las reformas económicas emprendidas fueron progresivamente despertando interés de parte de inversores internacionales hacia Venezuela. La renegociación de la deuda externa en 1990, en el marco del Plan Brady, permitió al sector público y al sector privado venezolano volver a tener acceso a los mercados internacionales de capitales. Este importante logro, de la mano de un esfuerzo oficial por explicarle a la comunidad internacional las reformas económicas, lograron despertar un interés creciente hacia Venezuela entre los años 1990 y 1992. Para algunos empresarios venezolanos presentes en 1991 en la reunión anual en Davos, Suiza, Venezuela para ese entonces había despertado un interés de parte de inversores globales superior al de casi todos los demás mercados emergentes presentes en Davos. Ese mismo año se realizó en el país un CEO Roundtable organizado por Institutional Investor, y asistieron mas de 200 inversores extranjeros.

El creciente interés por Venezuela durante 1990 y 1991 quedó cuantificado en una apreciación superior a 800% en el índice bursátil de la Bolsa de Valores de Caracas. Solo en 1990 dicho índice se incrementó en un memorable 540%. Es en ese particular ambiente que combinaba, por un lado, un importante interés hacia Venezuela por parte de inversores extranjeros, y por el otro lado, un cuadro político local donde existía un notable rechazo hacia las reformas económicas, hasta en el mismo seno del partido de gobierno, que se comienza un proceso de privatización de algunas empresas estatales.

En septiembre de 1991, con la asesoría de First Boston, el Estado venezolano vendió el 60% de la aerolínea Viasa por USD 145 millones a un consorcio liderado por la española Iberia, con el Banco Provincial como socio minoritario, en un concurso donde terminó habiendo un único postor. En noviembre de ese mismo año se realizó la subasta a sobre cerrado de la CANTV, transmitida al país en vivo y directo. El consorcio VenWorld, integrado por GTE, AT&T y Banco Mercantil, se impuso sobre los demás oferentes y adquirió el 40% de la CANTV por USD 1.885 millones, en un proceso estructurado por Lehman Brothers.

La turbulencia política del año 1992 no solo frenó el creciente apetito de inversores globales por Venezuela, sino que inclusive afectó a instituciones regionales con alta exposición a Venezuela para la fecha. Ejemplo de esto fue una transacción de colocación privada de deuda para la CAF, liderada por Bankers Trust. La documentación de dicha transacción debía ser firmada en Tokio por los financistas, y en Nueva York por el prestatario. Durante la mañana de Tokio del 27 de noviembre de 1992 los financistas firmaron, pero dado los acontecimientos en Caracas durante las horas de la mañana, la conclusión de la firma de la transacción por parte de la CAF debió ser abortada.

A pesar de los acontecimientos de 1992, y de la subsecuente, y en parte relacionada, crisis bancaria que comenzó en enero de 1994, las grandes transacciones de banca de inversión continuaron en Venezuela durante el resto de la década. La actividad continuó bajo una mayor percepción de riesgo político, y dentro de un contexto económico frágil a consecuencia de los efectos de la crisis bancaria y de la memorable caída de los precios del petróleo de 1997 y 1998. Pero lo importante es que continuó, y se pudieron estructurar y cerrar varias decenas de transacciones muy importantes.

En julio de 1993 Corpoven cerró un paquete de cuatro transacciones paralelas por un monto agregado USD 440 millones para el financiamiento del proyecto Complejo Criogénico de Oriente. La transacción representó el primer financiamiento de proyecto en Venezuela en obtener una calificación de “grado de inversión” por parte de las calificadoras globales de riesgo. La estructuración de paquete fue liderada por los banqueros de First Boston.

Un capítulo destacable de la década fue la llegada de las empresas venezolanas al New York Stock Exchange a través de la figura de los American Depositary Receipts, o ADRs. Corimon y Mavesa colocaron sus acciones en el NYSE de la mano de Merrill Lynch, con sendas emisiones por USD 55,9 millones, y USD 48 millones, respectivamente. Otros ejemplos fueron la emisión de acciones de CANTV por USD 1.027 millones de la mano de CSFB, y la emisión de Venprecar por USD 110 millones de la mano de Goldman Sachs. Otras empresas, como Sivensa, Venepal, Ceramica Carabobo, Mantex, y el Fondo de Valores Inmobiliarios, también llegaron a emitir ADRs.

Muchos meses después de terminada la crisis bancaria, y tras lograrse cierta estabilidad macroeconómica, la segunda mitad de la década trajo la mayor actividad privatizadora jamás vista en el país hasta la fecha. Bajo asesoría del Banco Mundial, y con el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) jugando un rol clave, se llevaron adelante ventas parciales, y a veces totales, de activos y empresas que estaban bajo el control de FOGADE, de la CVG, y del mismo FIV. Dicho proceso de ventas no solo contó con suficiente respaldo político, sino que se destacó por el orden y la transparencia, tanto en la selección meritocrática de asesores técnicos, como en la conducción de los procesos ordenados de subastas.

En el ámbito bancario, destacan la venta al Banco Santander del paquete accionario en manos de FOGADE del Banco de Venezuela; venta estructurada por Salomon Brothers. En 1996 el mismo Salomon Brothers coordinó la venta al Quantum Fund, liderado por George Soros, de un paquete accionario del 9,6% del Banco Provincial, que estaba en manos de FOGADE. En 1998 el mismo Soros se sumó a un grupo de banqueros liderado por el para entonces presidente del Banco Provincial para adquirir el 52% del Banco Caracas por USD 116 millones. FOGADE también subastó sus acciones del Banco Consolidado, en una transacción estructurada por banqueros de inversión franceses, la cual ganó el grupo chileno CorpBanca. En otra privatización de activos de FOGADE, Brinks adquirió una participación controladora de Custodia y Traslado de Valores - Custravalca.

Aparte de la anteriormente mencionada entrada de Banco Santander y CorpBanca a Venezuela a través de procesos de privatizaciones, durante la década hubo otras transacciones importantes de fusiones y adquisiciones en el sector bancario. Bancos como J.P. Morgan, Bank of Nova Scotia, y Chase Capital Partners (brazo de capital privado del antiguo Chase Manhattan), compraron sendas participaciones accionarias, minoritarias pero destacables, en los bancos Mercantil, Banco del Caribe, y CorpBanca, respectivamente. También, en 1997, BBVA adquirió una participación mayoritaria en el Banco Provincial, y pasó a controlar dicho banco.

Tal vez la privatización más importante realizada durante la década, no solo por el tamaño de la transacción sino por su simbolismo, y la manera relativamente armoniosa en que se realizó, manejando exitosamente complejidades sindicales y políticas, fue la venta de un porcentaje controlador de SIDOR. Dicha transacción fue estructurada por Salomon Brothers en 1997, y tuvo como ganador al Consorcio Amazonia, liderado por el grupo ítalo-argentino Techint, e integrado también, en menor proporción, por Hylsamex de Mexico y Sivensa de Venezuela. El consorcio ganador ofreció 53% más que el precio base establecido, y valoró la empresa en USD 2.302 millones. La segunda mejor oferta la puso el grupo Mittal de la India, quienes fueron asesorados por los banqueros de CSFB.

El Consorcio Amazonia adquirió el paquete subastado del 70% de las acciones de SIDOR, quedando un paquete equivalente al 20% de las acciones para un programa de participación accionaria destinado a los trabajadores de la compañía, y otro del 10% restante en manos estatales con el objetivo de ser luego subastadas en el mercado de valores venezolano. A pesar del éxito de la transacción de SIDOR, la nueva crisis económica, causada por la abrupta caída en los precios del petróleo en 1997, llevó a que se abortaran transacciones similares para Alcasa, Venalum, Carbonorca y Fesilven, que ya habían sido aprobados por el Congreso en 1995.

También en 1997 ocurrió otra transacción memorable. En el mes de septiembre la República realizó un canje de bonos Brady por nuevos bonos globales. Entre los bonos nuevos de esa transacción se debe destacar el bono “Venezuela ‘27”, el cual se convirtió en el bono de referencia de la curva soberana venezolana. Es así como de la mano de los banqueros de inversión de Chase Manhattan y de Goldman Sachs, Venezuela realizó una emisión de nuevos bonos a largo plazo por casi USD 4 millardos, a un “spread”, o prima de riesgo sobre los bonos del tesoro norteamericano, de solo 325 puntos base. Dicha prima de riesgo representó, en su momento, un récord para un emisor soberano latinoamericano. La transacción también fue la emisión de bonos globales más grande que hubiese ocurrido en los mercados emergentes para ese entonces, y fue celebrada debidamente por ambos bancos que actuaron como “Bookrunners.” La demanda fue tan grande, que la República aprovechó para complementar el canje de USD 3,5 millardos con casi USD 500 millones en bonos vendidos para recibir nuevos fondos o, en el lenguaje de Wall Street, para obtener “new money”. El éxito de la transacción fue atribuido a que ya eran palpables los resultados del programa de ajustes macro económicos, y, sobre todo, al creciente interés que despertaba en los inversores globales la apertura petrolera.

El interés hacia la apertura petrolera llegó a ser tan grande en 1997 que una presentación por parte de ministros venezolanos y altos ejecutivos de PDVSA llenó el gran salón del Hotel Intercontinental de la calle 48 de Manhattan de una manera poco usual. Para muchos de los asistentes, fue tan grande la asistencia de banqueros e inversores, que no había comparación con el interés que despertaban eventos similares con altos funcionarios de otros países de la región.

El importante interés que despertó la apertura petrolera permitió a los proyectos Cerro Negro (Exxon), Hamaca (Texaco), Petrozuata (Texaco y ConocoPhillips), y Sincor (Total y Statoil) realizar con éxito transacciones de financiamientos, que juntas sumaron varios millardos de dólares, a pesar de la coyuntura de bajos precios petroleros durante los últimos años de la década.

En 1997 los banqueros de inversión de CSFB y Citicorp Securities estructuraron exitosamente el financiamiento por USD 2,4 millardos para el proyecto Petrozuata. La transacción representó, en su momento, tanto el mayor financiamiento de proyecto, como la emisión más grande de bonos relacionados a un proyecto, jamás realizados en América Latina. Los bonos del proyecto Petrozuata obtuvieron la calificación de riesgo más alta jamás dada hasta la fecha a un proyecto en la región, la cual fue una calificación superior a la que tenía la República para ese entonces.

Otro financiamiento de proyecto memorable fue el de Cerro Negro. Esta transacción alcanzó los USD 900 millones, e incluyó una emisión por USD 600 millones de bonos estructurados por los banqueros de Morgan Stanley y Lehman Brothers.

La complejidad del financiamiento de los proyectos en la Faja era tan considerable, y el tamaño de las transacciones era tan grande, que los banqueros de inversión especializados en financiamiento de proyectos más importantes de la época estuvieron de una manera o de otra en Venezuela durante la segunda mitad de los noventa. Como muestra de la relevancia de esas experiencias en el contexto financiero global, la Harvard Business School escribió un caso de estudio sobre el financiamiento del proyecto Petrozuata que durante muchos años ha sido utilizado en escuelas de negocios y finanzas alrededor del mundo.

Aparte de los cuatro grandes proyectos de la faja, durante la década se realizaron decenas de operaciones de financiamiento, tanto en forma de deuda bancaria, sindicada o no, y mediante emisiones de bonos. Entre las empresas y proyectos que contrajeron financiamientos internacionales, recordamos a PDV America, PDVSA Finance, Bariven, FertiNitro Finance, Profalca y Supermetanol.

Durante la década varias empresas extranjeras entraron al mercado local mediante adquisiciones de participaciones mayoritarias en empresas venezolanas. Entre muchas transacciones, podemos destacar la compra de Vencemos por parte de Cemex, así como las adquisiciones de Holsum, Seguros Caracas y Demaseca, por parte de Bimbo, Liberty Mutual, y Gruma, respectivamente. Estas transacciones ocurrieron a lo largo de la década. Una minoría ocurrieron durante la primera mitad de la década, tal como fue el caso de la llegada de Bimbo en 1990. La gran mayoría ocurrieron en la segunda mitad de la década.

Una de las transacciones de fusiones y adquisiciones más memorable de la década en América Latina ocurrió en Venezuela en 1996, y la protagonizó Cisneros, con la asesoría de los banqueros de inversión de Violy, Byorum & Partners, y la Coca-Cola. El “gran golpe en la guerra de las colas” lo sufrió Pepsi amaneciendo un lunes, luego de que durante un fin de semana la flota de camiones de Pepsi fue pintada de rojo, y las embotelladoras de Cisneros cambiaron la formula y comenzaron a embotellar Coca-Cola. La sorprendente operación tomo meses de cuidadosa planificación por parte de los banqueros de inversión, firmas de abogados, y de la alta gerencia de Cisneros y de Coca-Cola. Venezuela era el único mercado en el mundo en el cual Pepsi aventajaba sobradamente a Coca-Cola. Dado el valor simbólico de esta jugada estratégica, Roberto Goizueta, quien para entonces era el CEO de The Coca-Cola Company, se involucró directamente en la operación. Como parte del acuerdo Coca-Cola pagó a Cisneros USD 300 millones por el 50% de la nueva operación conjunta. Adicionalmente, Coca-Cola asumió el compromiso de invertir otros USD 200 millones en el joint-venture.

La jugada estratégica de Cisneros con Coca-Cola tuvo una segunda parte. En 1997 Coca-Cola y Hit de Venezuela, el joint-venture creado el año anterior, fue vendido por USD 1,1 millardos a Panamerican Beverages, la cual, para ese entonces, era el embotellador más grande de América Latina. La transacción fue estructurada por los banqueros de Violy, Byorum & Partners, y fue premiada como la transacción del año en la región por prestigiosas revistas financieras.

Venezuela estaba en el tope de la lista de prioridades regionales de los inversores más importantes del mundo. En 1996 George Soros decidió complementar sus inversiones en bancos venezolanos con una incursión en el negocio de bienes y raíces venezolano. A través del Quantum Fund, y en sociedad con la argentina IRSA, Soros invirtió USD 56 millones en acciones de Fondo de Valores Inmobiliario.

Entre 1997 y 1999, varios fondos de capital privado norteamericanos negociaron la compra de participaciones mayoritarias y minoritarias en empresas venezolanas. Por ejemplo, ACON Investments adquirió mayorías en NetUno y en las distribuidoras de gas Tropiven y Digas. En octubre de 1998, apenas semanas antes de una elección presidencial que generaba gran incertidumbre entre los inversores internacionales, Chase Capital Partners y Compass Capital Funds cerraron la compra de una participación minoritaria en Cines Unidos.  Las apuestas por Venezuela continuaban.

Tras las elecciones presidenciales de diciembre 1998, y en medio de un incierto proceso constituyente, los inversionistas y banqueros internacionales pasaron del interés por Venezuela hacia la curiosidad y la cautela durante 1999. A mediados del año 2000 ocurrió una de las transacciones más grandes y memorables en la historia de la banca de inversión venezolana. La empresa norteamericana AES, asesorada por los banqueros de Morgan Stanley, pago más de USD 1,8 millardos por una participación del 87% en La Electricidad de Caracas (EDC), en una compra hostil en la Bolsa de Valores de Caracas que tuvo todos los elementos de una novela de Wall Street. Los banqueros de inversión de Chase Manhattan asesoraron a la junta directiva del momento de EDC en una estrategia de defensa, que incluyó elementos tales como “poison pills”, y logró aumentar considerablemente el valor por acción finalmente pagado por AES. La transacción no solo representó la adquisición de acciones más grande jamás realizada en Venezuela, sino que además demostró, en su momento, que inversores internacionales sofisticados seguían apostando a Venezuela a largo plazo.

Ya para finales del año 2000 la actividad de grandes negocios en Venezuela parecía estar retomando la intensidad de la década anterior. El magnate de bienes y raíces Sam Zell, a través de Equity International Properties, adquirió la participación de IRSA en el Fondo de Valores Inmobiliario. En noviembre del año 2000 Telecom Italia (TIM) adquirió el 56,6% de Digitel en una transacción por un monto cercano a los USD 600 millones. En diciembre del 2000 Chase Manhattan fue contratada por la Conatel para realizar una subasta de las licencias Wireless Local Loop (WLL), y garantizar la eficiencia y transparencia del proceso.

El año 2001 comienza con bancos extranjeros tales como JPMorganChase (la fusión del J.P. Morgan y el Chase Manhattan se había concretado el 1ero de enero), ABN AMRO, Deutsche, WestLB, y Citibank liderando préstamos sindicados de cientos de millones de dólares para grandes empresas venezolanas tales como Telcel Bellsouth y Empresas Polar. En el caso de Polar, los fondos se destinarían a pagar parte de la adquisición de Mavesa, la cual se negoció por un monto cercano a los USD 500 millones. La compra de Mavesa por parte de Polar demostraba que uno de los grupos empresariales más importantes y sofisticados de América Latina seguía apostando al futuro de los negocios en Venezuela. Mavesa fue asesorada en esa transacción por los banqueros de Brown Brothers Harriman & Co.

También, en el primer semestre de 2001, los norteamericanos de AES preparaban otra gran transacción, junto a los banqueros de JPMorganChase, quienes, a diferencia del año anterior, ahora estaban en su misma trinchera actuando como sus asesores. AES lanzó una nueva compra hostil en la Bolsa de Valores de Caracas, esta vez por el control de la CANTV, ofreciendo USD 1,4 millardos por el 43% de las acciones que necesitaba para lograr la mayoría accionaria. Luego de varios meses de forcejeos entre AES y la gerencia de la CANTV, AES decidió abortar la transacción. Si bien la operación por CANTV no se concretó, AES volvió a demostrar que inversores sofisticados norteamericanos seguían apostando por Venezuela, al punto de intentar compras hostiles por montos que no eran usuales para ese entonces en América Latina.

Durante el periodo 1999-2001 los mercados globales estuvieron receptivos para emisiones de bonos venezolanos. La República realizó varias emisiones de bonos globales denominados en EUR de la mano de los banqueros de CSFB y de J.P. Morgan. PDVSA Finance hizo su última emisión en noviembre 2001 por USD 500 millones de la mano de CSFB y Goldman Sachs.

La turbulencia política del año 2002 frenó prácticamente del todo los grandes negocios en el país durante el año, y la implantación de un régimen de control de cambios a comienzos del 2003 tuvo un importante efecto en la actividad de banca de inversión y finanzas corporativas en el país durante los años venideros. Al dejar de existir libertad cambiaria, el apetito por Venezuela por parte de bancos internacionales, quienes hasta el 2001 habían participado en préstamos sindicados, clubs y bilaterales para grandes empresas venezolanas, prácticamente se evaporó.

Dado el control cambiario, el universo de bancos dispuestos a tomar riesgo venezolano se redujo a solo algunos bancos holandeses, franceses, alemanes, y eventualmente algunos asiáticos, dispuestos a financiar créditos estructurados con exportaciones de alguna materia prima vendida bajo contratos de mediano o largo plazo. Es así como bancos tales como ABN AMRO, Deutsche Bank y BNP Paribas fueron progresivamente construyendo un liderazgo en Venezuela entre los años 2003 y 2008, particularmente en transacciones relacionadas al sector petrolero.

El último préstamo sindicado que se realizó en Venezuela lo estructuró ABN AMRO en el 2005 para CVG Ferrominera del Orinoco en forma de un prepago de exportaciones de briquetas de hierro a la suiza Duferco, por un monto de USD 135 millones. Ya para 2005 la percepción de riesgo que representaba Venezuela era la más alta de la región, y por tal razón el universo de bancos que participaron en la transacción se limitó a menos de una decena de bancos europeos expertos en financiamiento de materias primas. La complejidad de la sindicación en tal contexto fue tan alta, que la revista Trade & Forfaiting Review premió el financiamiento con el premio de la transacción estructurada del año 2005. Desde entonces no ha habido suficientes bancos internacionales dispuestos a prestar dinero a empresas venezolanas para lograr cerrar un prestamos sindicado con bancos privados internacionales.

El progresivo cierre de las alternativas de financiamiento en el mercado bancario internacional para empresas venezolanas tuvo como principal causante al control cambiario impuesto en 2003. Sin embargo, hubo otras razones secundarias. Por un lado, el universo de bancos globales activos en América Latina se fue reduciendo entre mediados de los noventa y mediados de la primera década del nuevo siglo como consecuencia de fusiones entre bancos. Ya para el 2003, Chase Manhattan, Chemical, Manufacturers Hanover, y J.P. Morgan conformaban un solo banco. BNP se había fusionado con el Paribas. Banco Central Hispano con el Santander. Credit Lyonnais se había fusionado con Cregit Agricole. The Bank of Tokyo con el Mitsubishi Bank. La lista de fusiones de la época es larga, y la consecuencia es que para 2003 había menos bancos globales activos en la región que durante los años noventa. Los bancos que quedaban activos en la región, consideraron, en su gran mayoría, que el impedimento cambiario venezolano y las muchas acciones contrarias al libre mercado, y a la protección de la propiedad privada, representaban riesgos que no estaban dispuestos a correr. Si bien algunos pocos bancos como el ABN AMRO y algunos franceses continuaron prestando activamente a la industria petrolera venezolana luego del 2003, la crisis financiera del 2008, y su impacto sobre los bancos globales, redujo más aun el poco crédito disponible para Venezuela.

Si bien a partir del 2003 se contrajo de manera importante la alternativa bancaria internacional para prestatarios venezolanos, algo distinto ocurrió en el mercado internacional de renta fija. En agosto 2003 la República reapareció en los mercados de capitales globales, luego de haber estado ausente durante el complejo 2002, con un canje de bonos Brady y la emisión de nuevos bonos. La transacción por USD 1,5 millardos fue estructurada por los banqueros de inversión de Citibank y de ABN AMRO. Durante el mismo mes, la República realizó otro canje de bonos viejos, muchos de ellos denominados en monedas europeas, por un nuevo bono a 7 años por USD 1,5 millardos. Dicho canje fue liderado por CSFB.

Estas operaciones reabrieron el mercado de bonos para la República, la cual a partir de ese momento realizó periódicas emisiones de bonos en los mercados globales durante más de una década. La gran mayoría de los bonos globales se emitieron en dólares. Entre las excepciones destaca una emisión de EUR 1 millardo colocado en Europa por los banqueros de Deutsche Bank y  UBS. La mayoría de las emisiones de la República durante esos años fueron lideradas por ABN AMRO, Citibank, y Deutsche Bank. Bancos como Barclays, Calyon, UBS y CSFB eventualmente actuaron también como “bookrunners”.

En 2004, a pesar de que varios banqueros le habían recomendado a AES La Electricidad de Caracas que desistiera de la idea de intentar una emisión de bonos en los mercados internacionales para refinanciar deuda externa vigente por considerar que no existiría demanda para riesgo corporativo venezolano, la empresa desestimó los comentarios y contrató al ABN AMRO para estructurar una emisión. La transacción resultó un éxito cerrándose por USD 260 millones a un plazo de 10 años, y le valió a la EDC el premio de la revista Euromoney de “el bono corporativo del año 2004 en mercados emergentes”. Los banqueros de Deutsche Bank aprovecharon el interés despertado entre los inversores de mercados emergentes por la emisión de EDC, y llevaron a Sidetur (Sivensa) a emitir un bono por USD 100 millones en 2005. Ambas transacciones dejaron claro que en la Venezuela anterior a la ola de expropiaciones y nacionalizaciones que llegaría con fuerza en 2007, había todavía algún interés en los mercados de capitales internacionales por financiar a las mejores empresas del país. Es importante aclarar que ambas emisiones se realizaron a costos de financiamiento que eran los más altos entre los emisores corporativos de la región, y que las únicas empresas venezolanas elegibles para emitir en moneda extranjera eran aquellas amparadas por una providencia cambiaria que reconocía refinanciamientos de deudas externas previas al 2003.

Todavía en 2006 se veían apuestas importantes en el país por parte de algunos de los empresarios más admirados de América Latina. Oswaldo Cisneros, reconocido por muchos como unos de los empresarios más sofisticados y completos que haya tenido Venezuela, y asesorado por Athelera, un banco de inversión boutique de Nueva York, anunció en enero 2006 la compra de Digitel a Telecom Italia por USD 425 millones y la subsecuente absorción de las operadoras regionales Infonet y de Digicel por un valor adicional de USD 100 millones, para construir una nueva empresa celular de tecnología GSM con cobertura nacional. Vale destacar que los banqueros de Athelera venían de haber asesorado a Cisneros en 2004 durante la venta a Telefónica de su participación accionaria en Telcel.

También en 2006, América Móvil y Teléfonos Mexicanos, empresas lideradas por Carlos Slim, empresario globalmente reconocido por su racionalidad y admirado por su instinto para los negocios, acordaron con Verizon la compra por USD 676,6 millones del 28,5% que la empresa norteamericana tenía en CANTV. El paso siguiente a dicho acuerdo sería una OPA en la Bolsa de Valores de Caracas. Sin embargo, la transacción fue abortada por cuanto el Estado venezolano manifestó su interés en adquirir la empresa.

En abril del 2007 se cerró la que hasta el día de hoy ha sido la transacción financiera más grande en la historia de Venezuela. De la mano de los banqueros de inversión de ABN AMRO, quienes actuaron como únicos “bookrunners”, PDVSA emitió USD 7,5 millardos en una operación que incluyó un bono a 10 años, uno a 20 años, y otro a 30 años. Si bien los bonos fueron comprados en bolívares dentro de Venezuela por inversores locales, se trataba de bonos globales 144A/RegS denominados en dólares. Una mayoría de los inversores locales vieron la transacción como una operación de compra de divisas, y estaban listos para vender esos bonos fuera de Venezuela a cambio de dólares en el corto plazo. Por esta razón, ABN AMRO debió hacer un intenso trabajo durante las semanas previas a la emisión para educar a la mayor cantidad posible de inversionistas internacionales con respecto al crédito de PDVSA, de manera de construir suficiente demanda capaz de absorber los bonos de PDVSA tan pronto los inversores venezolanos los vendieran en el mercado secundario. La transacción fue un éxito y representó, en su momento, la emisión de bonos más grande en la historia de los mercados emergentes.